MÉXICO,
D.F. (apro).- México enfrenta una grave crisis gubernamental, un Estado
fallido, pero si el gobierno impone la Ley General de Aguas, se confirmará el
regreso del Estado autoritario, el verdadero rostro del PRI, afirmó la diputada
federal perredista Aleida Alavez Ruiz.
La
vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados consideró que se
equivocaron quienes pensaban que “la joya de la corona” era la reforma
energética pues ahora van por el agua aunque con ello violen un derecho humano.
Tras
su participación en una mesa denominada: En defensa del agua convocada
por el pintor Francisco Toledo, el Patronato Pro Defensa y Protección del
Patrimonio Natural y Cultural de Oaxaca (ProOax) y autoridades comunales,
Alavez añadió que con esta ley que se pretende imponer “nos encaminamos a una
total omisión del Estado, de atropellar una garantía fundamental”.
“Creo
que hay otros derechos de los cuales hemos prescindido, pero éste no, este es
un derecho imprescindible (y) que el Estado se haga a un lado y no determine en
esta ley cómo va a garantizar el acceso al agua es algo que nos preocupa porque
se está dejando a los concesionarios que hagan de la política hídrica lo que
más les convenga bajo tutela o anuencia de la Conagua”, puntualizó.
La
diputada federal consideró que hay una actitud muy “tramposa” por parte del
gobierno porque hay un apartado sobre el sistema de tarifas con el que
pretenden que los municipios o los organismos operadores estatales se sujeten a
un convenio de adhesión para que puedan ser acreedores de recursos públicos.
Sin
embargo, explicó, si los municipios u organismos operadores de cada entidad
firman un convenio con Conagua, ellos les dirán qué tienen que hacer para que
tengan acceso a recursos federales. “Esa es la parte más tramposa de una
redacción desafortunada que nos imponen en un dictamen pasado de noche”,
abundó.
Además,
dijo, se está criminalizando la investigación porque quienes la llevan a cabo
deben pedir una autorización o de lo contrario los multan con hasta 50 mil
salarios mínimos.
Los
académicos han mostrado su desacuerdo con los trasvases (desviaciones) para la
expoliación (sustracción) del agua y para llevarla de una cuenca a otra con
megaproyectos de acueductos que nada tiene que ver con un ciclo natural.
Hay
experiencias mundiales, afirman, donde hay más desplazados por trasvases que
por guerras.
“Estamos
en una condición de imposición de política hídrica que nos llevará a toda una
confrontación de la zona rural y urbana hasta estos megaproyectos que Conagua
intenta autorizar para las inversiones”, vaticinó la diputada perredista.
Según
Alavez Ruiz, desde que la gestión del agua está en manos privadas, en Puebla
las tarifas han aumentado hasta 400%.
En
Aguascalientes, manifestó, todo el proceso está en manos de la empresa española
Aguas de Barcelona, asociada con firmas mexicanas. En el Distrito Federal
“partes del proceso” las tiene la empresa Suez.
“La
tendencia en México es entregar todo a los privados mientras en el mundo se va
a la inversa, pues este modelo no funcionó”, puntualizó la legisladora que
utilizó como ejemplo Berlín y París, donde luego de 25 años regresó el servicio
a los ayuntamientos, pues las empresas no cumplieron con invertir en
infraestructura pero sí aumentaron las tarifas.
Hay desinformación, no privatización: Anaya
En
contraparte el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados,
Ricardo Anaya, afirmó que “no hay privatización y sí desinformación” sobre la
iniciativa de Ley General de Aguas Nacionales promovida por el presidente
Enrique Peña Nieto.
“El
Partido Acción Nacional bajo ninguna circunstancia se prestaría a una
iniciativa privatizadora y sí observamos una campaña de desinformación”,
señaló.
De
visita en Sonora para presenciar el arranque de campaña a la gubernatura de
Javier Gándara, el líder panista en San Lázaro dijo que con la llamada “Ley
Korenfeld” el artículo 27 constitucional se conserva intacto.
“El
agua sigue siendo de la nación, el Estado mexicano el que otorga concesiones y
esto, se conservará así”, subrayó.
Sin
embargo, en los análisis practicados a esta iniciativa se prevé “suspender o
restringir la prestación de los servicios púbicos de agua potable”.
Contrario
a lo que establece el artículo 4 de la Constitución, publicado el 8 de octubre
de 2012 en el Diario Oficial de la Federación:
“Toda
persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El
Estado garantizará este derecho”.
No
sólo eso: Legisladores federales y especialistas coinciden en que esta
iniciativa, cuya última versión llegó a la Cámara de Diputados el pasado 11 de
febrero, tiene un tufo “privatizador” porque de aprobarse dejaría en desventaja
al Estado ante posibles demandas futuras de empresas extranjeras ante
tribunales internacionales.
Los
especialistas advierten un aumento en las tarifas de agua para uso doméstico
debido a que en la “Ley Korenfeld” se promueve aún más la participación de la
iniciativa privada, misma que “cobraría sus costos de extracción y traslado”.
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